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En los últimos tres años desde que comenzaron las protestas antigubernamentales en Bielorrusia, al menos 100.000 personas han huido de la represión, destacó este miércoles la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada Al-Nashif, quien denunció sistemáticos abusos en ese país.

En ese periodo, las autoridades bielorrusas han detenido de forma arbitraria a decenas de miles de personas, muchas de ellas por participar en las protestas en torno a las elecciones de 2020 pero también al menos 1.500 en manifestaciones en 2022 contra la invasión de Ucrania, señaló ante el Consejo de Derechos Humanos.

«Algunas de las violaciones de derechos humanos que hemos documentado podrían considerarse crímenes de lesa humanidad, teniendo en cuenta su naturaleza dirigida, intencionada y sistemáticamente contra la población civil por su supuesta oposición al gobierno», destacó en el debate dedicado a Bielorrusia en la actual sesión del consejo.

Al-Nashif presentó en el debate un informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que documenta al menos cinco muertes en el contexto de las protestas de 2020, y acusa a las fuerzas de seguridad bielorrusas de uso desproporcionado de la fuerza tanto en esas manifestaciones como en las antibélicas de 2022.

«También hemos documentado un extendido y sistemático uso de la tortura y el maltrato contra personas opositoras al gobierno, generalmente en vehículos policiales, comisarías de policía y centros de detención», señaló.

La oficina de Naciones Unidas recogió al menos un centenar de casos de violencia sexual contra algunos de estos detenidos, entre ellos cuatro menores de edad, y recibió denuncias de otros 180, incluyendo violaciones y desnudez forzada.

Al-Nashif condenó la reciente condena de periodistas, líderes sindicales, activistas o personalidades como la líder de la oposición en el exilio Svetlana Tijanóvskaya (juzgada in absentia) y del activista y premio Nobel de la Paz Alés Bialiatski.

«La mayoría de los medios independientes han sido declarados ‘extremistas’ por las autoridades, y también la Asociación Bielorrusa de Periodistas», recordó la alta comisionada adjunta, quien también denunció el cierre de cientos de organizaciones no gubernamentales en los últimos meses.

Al-Nashif denunció asimismo recientes cambios legislativos en Bielorrusia que permiten los juicios a acusados en ausencia (como el mencionado a Tijanóvskaya) o amplían el espectro de aplicación de la pena de muerte.

Asimismo, recordó, enmiendas legales permiten retirar la ciudadanía a personas acusadas de participar en actividades extremistas, que es como se califican hechos como insultar al presidente Alexander Lukashenko, participar en manifestaciones si estas se tornan violentas o causar daños a la propiedad pública.


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