Debo aclarar primariamente que María Corina es una víctima del régimen dictatorial de Maduro. La persecución que ha sufrido María Corina y sus amigos se califica en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad en el artículo 7,2 “g”. Por «persecución» se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”. No obstante, a efectos de mis reflexiones, la idea a tratar es qué deben hacer Edmundo y María Corina al ganar las elecciones.
Tomando en cuenta las manifestaciones del pueblo venezolano y los factores políticos presentes, es imposible que Maduro, por más trampa que haga, gane las elecciones, salvo un fraude descomunal que se imponga por la fuerza. Las condiciones materiales del país son agobiantes para más del 90% de la población. Las promesas y mentiras del régimen ya no las cree nadie. Muchos de los militantes del PSUV sienten que la candidatura de Maduro es un fardo muy pesado y viven el rechazo que esta produce en el pueblo. Así pues, Edmundo y María Corina serán protagonistas de un proceso de paso de la dictadura a la democracia, de la arbitrariedad al Estado de derecho.
La familia venezolana se ha identificado con María Corina ante su planteamiento del reencuentro de la familia, desintegrada por la persecución y el inmenso deterioro de la calidad de vida, que produjo el desplazamiento de millones a buscar nuevos horizontes. Este reencuentro supone crear en el país condiciones materiales de prosperidad que generen empleos estables con salarios dignos, además, respuestas a la salud, condiciones decorosas de vida y educación de calidad. Están, también, las víctimas que han sufrido atropellos en su integridad física y moral, atropellos patrimoniales y persecución. Todos aspiran a una respuesta justa, ello implica la necesidad de una justicia transicional.
Conocemos la perversidad de los personajes del régimen, no solo llenos de odio y resentimiento, proclives a la corrupción en todas sus formas, sino ávidos de poder para enriquecerse fácilmente saqueando la hacienda nacional, por lo que pondrán todos los obstáculos para la entrega de la Presidencia de la República. Sin embargo, conservarán la asamblea nacional y el tribunal supremo de justicia, a través de los cuales sabotearán las acciones de gobierno de Edmundo González; además, buscarán proteger su riqueza y su impunidad con leyes de amnistía y falsos procesos judiciales que les absuelvan.
Pensar en una justicia transicional nacional en estas condiciones es una falacia. Pues ese aparato judicial permanecerá intacto, el mismo que es cómplice de las arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos, bajo el comando de esos personajes que, directa o indirectamente, han provocado esos delitos de genocidio y lesa humanidad.
Pienso que el liderazgo de María Corina ante un pueblo ansioso de justicia, de libertad y paz nos puede conducir a exigir y aprobar una asamblea constituyente que liquide la ilegítima detención de los poderes legislativo y judicial. No dudo que el pueblo venezolano acompañará a la líder en esta gesta, estamos seguros de que habrá una unión del pueblo y las fuerzas armadas, en cuyo seno hay un profundo repudio a Maduro.
Si bien, Edmundo ha hablado de reconciliación y que no habrá persecución, son principios que no excluyen la justicia transicional. Es más, ha dicho que una tarea inmediata es el restablecimiento del Estado de derecho, lo que significa que nadie puede ser perseguido por sus ideas políticas o religiosas, sino, solo por causa criminal, prevista en la ley, mediante orden judicial cumplidos los requisitos de ley; por otro lado, la reconciliación es una necesidad después de tanto odio y división sembrado en el alma del venezolano, es necesidad urgente para reconstruir la moral nacional y rehacer el tejido social destruido por el nefasto régimen.
¿Qué podrán hacer Edmundo y María Corina en procura de justicia? Frente a las dificultades que coloquen los secuaces del régimen, la justicia penal internacional surge como un mecanismo que devuelve legitimidad a las actuaciones estatales, pero eso lo hace a través de la imposición de una legalidad foránea. El reto consiste entonces en incorporar la legalidad internacional al derecho interno y hacerlo de una manera tal que garantice la continuidad del sistema legal. En este marco el presidente Edmundo está obligado por la Constitución, artículo 236 numeral 1, “a cumplir y hacer cumplir la Constitución” y el numeral 4º le atribuye la dirección de las relaciones exteriores, y conforme al Estatuto de Roma, tratado que obliga a Venezuela, según el artículo 17 numeral 1 literal a, a solicitar a la Corte enjuiciamiento por no poder hacerlo en el país. Finalmente, creo que Edmundo y María Corina deben crear una Comisión de la Verdad con rol protagónico de las víctimas de la dictadura y personas de incuestionable solvencia moral.
El autor es doctor en Derecho Procesal y Constitucional. Bloque Constitucional Capítulo España.