Quienes conocen bien a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, sitúan hace 21 años el comienzo de su historia de amor, hoy en el epicentro de la polémica más extravagante que se recuerda en la crónica política española desde 1978: nunca antes la pareja del presidente del Gobierno había estado en el centro de una tormenta de dimensiones siderales.
Y nunca antes el presidente del Gobierno de España había encomendado su propio futuro al de su esposa, inmersa en una investigación judicial por delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias de inciertas consecuencias. La pareja se conoció en casa de un amigo cuando Sánchez era un humilde aspirante a concejal del PSOE y se ganaba un nombre, poco a poco, en tertulias televisivas de todo pelaje.
Y ella, de origen bilbaíno, venía de una familia con recursos, obtenidos en el polémico sector de las «saunas de relax», el eufemismo utilizado para camuflar actividades económicas que hoy aspira a prohibir, paradójicamente, el Gobierno de Sánchez.
Dos hijas y dos décadas después, el matrimonio bien avenido se ha ganado a pulso ocupar el debate nacional con dos posturas bien enfrentadas: la de quienes ven en ellos a una pareja acosada por razones políticas y la de quienes, con retranca, les comparan con los Kirchner o los Ceaucescu.
Pero más allá del «salseo», las dos preguntas que decantarán el futuro de ambos son sencillas. ¿Prosperó Begoña Gómez gracias a su posición, facilitando la complicidad del Gobierno con empresas y directivos que al mismo tiempo la contrataban o patrocinaban a ella y sus actividades, que tiene en la Universidad Complutense de Madrid una importante cabeza de puente? ¿Era consciente Sánchez de los movimientos de su esposa o permanecía al margen de todo?
La respuesta a ambas cuestiones está envuelta, todavía, en una densa nebulosa que poco a poco se irá despejando. Pero algo sí se puede afirmar: la protección de Sánchez a su esposa ha sido absoluta, incluso temeraria, como demuestra una circunstancia desconocida hasta ahora y que hoy revela El Debate.
Por primera vez, el presidente del Gobierno se ha negado formalmente a responder a preguntas sobre las actividades de su esposa con recursos públicos
Nada menos que la negativa de la Moncloa a aclarar, de manera escrita, si la esposa del presidente ha estado utilizando recursos oficiales y públicos para desarrollar esas «actividades privadas» tan íntimamente relacionadas con las de su esposo, el jefe del Ejecutivo que llegó al poder clamando por la «regeneración» de la vida política y ahora esconde si su mujer utilizó coche oficial, chófer y personal de la Administración para reunirse con Globalia, por ejemplo, la compañía rescatada con un chorro de millones aprobados por el Gobierno.
Hasta ahora, Pedro Sánchez se ha negado a dar explicaciones públicas sobre las sospechas que pesan en la trayectoria de su mujer, plagada de conexiones entre su «cátedra» y el Gobierno. Solo acude a los medios que Moncloa elige y deja fuera a aquellos otros que le resultan incómodos, sin más argumento que el de referirse a ellos como «maquinaria del fango».
Una estrategia similar a la que el chavismo implantó en Venezuela y que le ha llevado el PSOE a señalar a periodistas como el director de este periódico, Bieito Rubido, por expresar su opinión sobre el trágico final de su carrera política que le augura al actual presidente.
Ahora, tal vez por primera vez, práctica esa opacidad de manera formal, negándose a aclarar preguntas clave trasladadas oficialmente por este periódico a la Moncloa sobre el apoyo concedido por la Presidencia a su esposa, investigada por el juzgado de Instrucción 41 de Madrid, o sobre eventuales reuniones entre el propio Sánchez y el gran aliado empresarial de Begoña Gómez, Carlos Barrabés.
«Relación de recursos públicos utilizados por Begoña Gómez desde la toma de posesión del presidente del Gobierno en sus actuaciones profesionales privadas, incluyendo medios oficiales de transporte utilizados, consumos anuales de combustible del vehículo puesto a su disposición por tal razón, gastos de servicio realizado en sus actividades privadas, servicio de comunicaciones empleados y cualquier otro que haya sido satisfecho con fondos públicos por su condición de primera dama».
El elocuente silencio de Pedro Sánchez
Sánchez ha superado ya el mes concedido para responder, de una manera u otra, a las cuestiones planteadas por El Debate, que incluyen de manera expresa las reuniones «con directivos de la empresa Globalia, posteriormente rescatada por la SEPI con 475 millones de euros y sus reuniones con Víctor de Aldama, comisionista de la denominada trama de las mascarillas, los días 24 de junio y 16 y 24 de julio de 2020». Y su respuesta ha sido el silencio, ya recurrido por este periódico en las instancias legales oportunas.
La negativa de Sánchez a responder a todo adquiere mayor relevancia, si cabe, en el contraste entre sus ataques y acusaciones a los medios de comunicación y la pulcritud de las informaciones que revelan las actividades de Gómez, respaldadas por documentos públicos obtenidos de la propia Moncloa y de la Administración.
Igualmente, el presidente Sánchez se ha negado a explicar si mantuvo reuniones en la propia Moncloa con el empresario Carlos Barrabés, a instancias de Begoña Gómez. Este periódico ha solicitado de Presidencia que aporte una «Relación de encuentros oficiales mantenidos en el Palacio de la Moncloa entre el presidente y el empresario Carlos Barrabés, motivos de tales encuentros y relación de las personas que acudieron». Nuevamente la respuesta es el silencio.
El origen de todo
Es difícil sostener, con todo ello, la teoría de que Begoña Gómez actuaba sin dar explicaciones o que Sánchez no se enteraba de nada. La realidad es que, desde el primer momento, el matrimonio funcionó como una organización familiar perfectamente engrasada: la imagen de ambos viajando en el Falcon a un concierto de The Killers, en el verano de 2018, estrenó un modus operandi que muy poco tiempo después se elevó al plano político.
Con el África Center o con la cátedra, Begoña Gómez se empotró en viajes de su marido con agenda privada y la misma explicación: es información clasificada
Sucedió cuando Begoña Gómez se empotró literalmente en un viaje oficial de su marido a los Estados Unidos, sin previa comunicación de la Moncloa, en septiembre de 2018. Acababa de ser nombrada directora del África Center, un organismo creado exprofeso para ella por el Instituto de Empresa, y se marchó junto a Sánchez a hacer las Américas, sin que nadie comunicara las actividades previstas para ella, envueltas en el misterioso epígrafe de «agenda privada» al margen de los compromisos institucionales en los que sí compareció junto al presidente del Gobierno.
No se conoce qué más hizo allí Begoña Gómez, pero sí una vez más la actitud protectora de su esposo, que clasificó todos los detalles de la expedición como «secreto de Estado» para, entre otras cosas, ahorrarse dar detalles sobre su mujer.
Algo que se repitió, casi con mimetismo, cuando salió del África Center sin dar demasiadas explicaciones de las causas para ponerse al frente de una «cátedra extraordinaria» de la Universidad Complutense, también creada ad hoc para ella. En esos tiempos, curiosamente Sánchez desarrolló una intensa «agenda africana» con Kenia, Senegal o Ghana, con viajes en los que también participó Begoña Gómez con una fórmula similar a la estrenada en la expedición a los Estados Unidos.
La cátedra en cuestión, a la que accedió sin acreditar méritos académicos y sin control de los órganos de dirección durante al menos dos ejercicios, como reveló este periódico, volvió a repetir ese curioso esquema que hace coincidir los planes y objetivos de Gómez con decisiones de su marido y un manto de ocultismo posterior sobre todo ello.
Porque tras la «agenda africana», sobre la que el PP llegó a preguntar formalmente a Sánchez en el Congreso, vinieron las adjudicaciones y rescates a empresas y directivos con los que la mujer del presidente mantenía tratos comerciales, con casos ya documentados con Globalia o Barrabés, uno cliente de la cátedra y el otro asociado a la misma. Y en ambos casos beneficiarios de adjudicaciones millonarias de contratos públicos o de ayudas sin precedentes, que figura en el informe provisional enviado por la UCO al juez Juan Carlos Peinado, responsable del caso.
De nada de ello ha querido hablar nunca Sánchez, utilizando incluso una Ley promulgada por Franco para intentar convertir todas sus actividades, en compañía de Gómez a menudo, en «información clasificada». Y una vez más recurre a una fórmula similar para esconder si los negocios de su mujer se sirvieron de recursos públicos para prosperar.
Pero el silencio, esta vez, provoca más ruido que nunca: el caso de Begoña Gómez está en un juzgado de Instrucción de Madrid y ocupa espacio prioritario en los pocos medios de comunicación que no se abonan a esa especie de «omertá» exigida por el presidente del Gobierno.
Un «hombre enamorado», tal vez, pero también mudo: cuando desapareció cinco días ya sabía que su esposa tenía la condición de investigada para el juez. Y ahora, prefiere no aclarar si se servía de recursos públicos para desarrollar su controvertida agenda, bajo la lupa ya de los juzgados.