La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España rechazó el lunes el recurso interpuesto por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero contra la decisión del juez Manuel García Castellón de investigarle por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, lo que permitirá al magistrado continuar con las averiguaciones correspondientes.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Tercera descartan la argumentación utilizada por Monedero, que aseguraba en su escrito que estos hechos ya se habían investigado en el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid y fueron archivados, al igual que ocurrió con la causa por la financiación de Podemos en el propio Juzgado Central de Instrucción Número 6 que dirige García Castellón.
El equipo jurídico de Monedero subrayó que no habían aparecido nuevos indicios que llevasen a reabrir la investigación, por lo que consideraba impertinente que la Audiencia Nacional entrase a ordenar diligencias porque a su juicio no tiene competencias para ello. Para el exdirigente de Podemos no había razones para que el juez pretendiese seguir investigando de modo soterrado y en «clara rebeldía respecto de lo acordado».
El exdirigente de Podemos aseguró que el juez de la Audiencia Nacional no expresó qué nuevos indicios o hechos relevantes, distintos de los ya conocidos, justificaban la nueva investigación. Así, Monedero hizo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para insistir en que abrir nuevas diligencias por los mismos hechos en un juzgado distinto «quiebra las exigencias del proceso debido y de la tutela judicial efectiva».
Sin embargo, la Sala recuerda que la causa no está «en la fase de enjuiciamiento que precisa la certeza a que se refiere la doctrina del Tribunal Supremo, sino ante el inicio de una investigación al existir una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad que aparentemente delictiva -venta de petróleo en el mercado negro- interponiendo testaferros y sociedades pantalla, que aflorarían al mercado lícito como pago de préstamos o a través de sociedades prestadoras de servicios y de unos hechos que en apariencia presentaban los caracteres de una falsedad documental».
Así, los magistrados consideran que «debe desestimarse el recurso al describirse en el auto recurrido unos hechos que presentan los caracteres de delito cuyo descubrimiento aparentemente no se habría producido a través de diligencias de instrucción declaradas improcedentes por prospectivas, cuya valoración o conexión de antijuridicidad con estas corresponde al órgano que haya de encargarse de la instrucción».
El recurso de Monedero
Fue el 5 de septiembre cuando el profesor universitario recurrió la decisión del instructor de abrir una investigación en su contra por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, negando en su escrito que tuviera 92 cuentas corrientes en distintos bancos.
García Castellón acordó en julio abrir las diligencias tras concluir del análisis de la documentación aportada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, «podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento».
Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el «Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA -los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- y análisis de las bases de armonización jurídicofinanciera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014».
Los investigadores también apuntaron que el cofundador de la formación morada sería titular de 92 cuentas corrientes diferentes: 86 en Tríodos Bank NVSE, 5 en la entidad Banco Santander y 2 en Caixabank.
Una vez analizados los documentos, el magistrado concluyó que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL presentaba rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo, por lo que permitía inferir la comisión de delitos económicos y falsedades.
Monedero expuso en su recurso que ese supuesto movimiento triangular de fondos no constituye indicio de ninguna actividad delictiva, sino un mero reflejo de las relaciones económicas, en referencia al «pago a un subcontratista o a cualquier proveedor, por parte de un profesional o una empresa, cuando estos perciben el dinero que adeuda el cliente final».
A la hora de crear esta nueva causa el magistrado también tomó en consideración las declaraciones del exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo el Pollo Carvajal en las que alertaba del uso de la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero.
El juez también hacía alusión a la declaración de un testigo protegido, que aludió a la participación de Rafael Ramírez en entregas económicas a Monedero. «Se informa en el oficio de la UDEF 10/2022 que la esposa de Ramírez, Beatrice Sansó, posee lazos familiares con Ernesto Heleodoro, titular de la mercantil VIU Europa SL», apunta.
Monedero denunció su «absoluta indefensión»
Monedero remitió un escrito este mismo octubre en el que pidió al instructor acceder al conjunto de la causa, denunciando que aún no había podido ver material clave para su imputación, como las declaraciones del propio Carvajal o informes policiales, lo que le generaría una absoluta indefensión.
El cofundador de Podemos explicó que una vez había podido acceder a la plataforma digital donde debería constar todo lo actuado, se dio cuenta de que no era así porque había documentos mencionados por el magistrado en sus resoluciones que no están a su disposición.
Llamaba la atención sobre dos cosas. Por un lado, el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se habría basado el instructor para desgajar estas pesquisas de las archivadas -por mandato de la Sala de lo Penal- sobre la presunta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela y Cuba, un caso que se reabrió a raíz de las declaraciones y los papeles de Carvajal.
En segundo lugar, destaca la ausencia en esa plataforma de la declaración judicial prestada el 27 de octubre de 2021 por Carvajal ante García Castellón como parte de la causa sobre las cuentas moradas.