El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció la semana pasada que las fuerzas de seguridad brasileñas establecerán una presencia permanente en el territorio yanomami, en la frontera norte con Venezuela, para ayudar a proteger a los pueblos indígenas de los acaparadores de tierras y los mineros ilegales.
Los yanomami recibieron la atención internacional el año pasado, cuando Brasil declaró una emergencia de salud pública en la región tras descubrirse graves casos de desnutrición, incluida la muerte de 570 niños indígenas en un periodo de cuatro años. Se culpó a ganaderos y mineros ilegales de invadir el territorio, desplazar por la fuerza a las comunidades y envenenar los ríos donde los yanomami pescaban para alimentarse.
En aquel momento, el gobierno entrante de Lula envió temporalmente fuerzas de seguridad para expulsar a los invasores, pero en los últimos meses la comunidad local ha denunciado el regreso de mineros y madereros ilegales a la zona.
La semana pasada, el gobierno brasileño anunció que destinaría 1.200 millones de reales (245 millones de dólares) a garantizar la protección, la salud y la seguridad alimentaria de los 27.152 yaomami que se calcula que viven en la tierra indígena demarcada.
También anunció que el Ministerio de Defensa y la Policía Federal establecerían una presencia permanente en la región, mencionando que la medida también ayudaría con el «control territorial y la seguridad pública».
En los últimos años, según el gobierno brasileño, cientos de miles de venezolanos han emigrado al norte del estado brasileño de Roraima, que alberga parte del territorio yanomami. En diciembre, las tensiones regionales se intensificaron después de que Venezuela votara a favor de un referéndum para anexionarse la región de Essequibo, rica en petróleo, de Guyana. (Venezuela lleva mucho tiempo impugnando su soberanía sobre la región de Essequibo).
El 9 de enero, Lula declaró que el gobierno iba a «definir, de una vez por todas, lo que nuestro gobierno va a hacer para impedir que los indígenas de Brasil sigan siendo víctimas de masacres, vandalismo, minería y gente que quiere invadir áreas preservadas».
Atender las necesidades del pueblo yanomami
Para muchos indígenas yanomami, las nuevas medidas son tan bienvenidas como tardías.
Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y líder indígena karipuna, declaró a Brazil Reports que el anuncio del gobierno es «una señal positiva también para nosotros», y añadió que «más vale tarde que nunca».
Según Karipuna, el año pasado, cuando el gobierno declaró el estado de emergencia en el territorio yanomami, muchas de las medidas anunciadas la semana pasada ya deberían haberse incluido en esa intervención.
También dijo que para garantizar la seguridad y la prosperidad del pueblo yanomami, el gobierno debe perseguir a quienes financian a los ganaderos y mineros ilegales.
«Es importante subrayar que no basta con retirar a los mineros que están causando la destrucción», dijo Karipuna. «Es crucial que detrás de esto haya también un fuerte enfoque en investigar a los principales financiadores y promotores de toda esta destrucción, que en última instancia conduce al asesinato de indígenas en esa zona. Somos plenamente conscientes de que debe haber grandes empresarios y destacados políticos detrás de todo esto.»
La tragedia humanitaria yanomami
La crisis humanitaria en el territorio yanomami acaparó la atención internacional el pasado enero, cuando el gobierno declaró el estado de emergencia y empezaron a circular en los medios de comunicación imágenes de niños demacrados.
Bajo el mandato del ex presidente Jair Bolsonaro, la administración alentó a mineros y madereros ilegales a explotar tierras indígenas, y el gobierno vació las instituciones destinadas a proteger a los pueblos indígenas y el medio ambiente.
Cuando el presidente Lula asumió el cargo en enero de 2023, uno de sus primeros objetivos fue enviar fuerzas de seguridad para desalojar a los 20.000 mineros y madereros ilegales que se calcula que había y proporcionar ayuda sanitaria y humanitaria a la población indígena afectada.
Un año después, sin embargo, la situación en el territorio yanomami sigue siendo calamitosa.
Según datos publicados por el gobierno brasileño el 9 de enero, durante 2023, el gobierno realizó 13.000 consultas sanitarias, confiscó 589 millones de reales (120 millones de dólares) en bienes de invasores de tierras y detuvo a sólo 175 personas.
Aunque muchos mineros y ganaderos huyeron del territorio durante 2023 -a menudo a tierras indígenas vecinas en la Amazonia brasileña-, las asociaciones indígenas locales y los medios de comunicación estiman que actualmente hay 8.000 invasores ilegales operando en tierras yanomami.
Para Karipuna, el líder indígena, el mayor reto del gobierno será mantener a los invasores fuera de la tierra a largo plazo.
«Es una tarea enorme, y se tarda de dos a tres, incluso seis meses, en llevar a cabo un desalojo», afirmó Karipuna.
Dado que los invasores han regresado, en algunos casos en cuestión de días, según Karipuna, una «presencia permanente del Estado allí durante un periodo más largo, incluso durante años, es importante para crear una sensación de seguridad, una presencia de acciones y políticas continuas para disuadir el regreso de estos mineros al territorio yanomami».
Karipuna espera que el anuncio hecho por el gobierno la semana pasada implique «acciones impactantes e integradas que garanticen una mejor salud para el pueblo yanomami y una mayor soberanía alimentaria».
«La recuperación del territorio es esencial para que el pueblo yanomami (…) pueda volver a vivir en su forma tradicional y natural de trabajar la tierra para su supervivencia física y cultural», afirmó.
El 10 de enero, una delegación de funcionarios, entre ellos la ministra de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, viajó a la región de Auaris, en el territorio yanomami, para visitar el puesto de salud de Ye’kwana, donde se están construyendo nuevas instalaciones para los pacientes, laboratorios y alojamiento para los profesionales de la salud.
Artículo escrito por Thiago Alves en Brazil Reports