La Sala Quinta de Revisión de la Corte de Colombia exigió a la Junta Central de Contadores “permitir la inscripción y expedición de la tarjeta de profesional” a los migrantes venezolanos que la soliciten y abstenerse de pedir “requisitos no previstos en la ley”.
“La Junta Central de Contadores se abstuvo de analizar si era procedente homologar su tarjeta profesional de contador público por ser titular de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) y, posteriormente, de un Permiso por Protección Temporal (PPT)”, compartió la Corte por medio de un comunicado.
La misiva representa el caso de un venezolano con más de tres años de permanencia en Colombia que presentó la solicitud de inscripción.
De acuerdo con la Corte, el gremio “vulneró los derechos del ciudadano al imponer barreras administrativas para expedir la tarjeta profesional. Esta corporación concluyó que la interpretación de la entidad accionada frente a la prueba del domicilio resulta desproporcionada y genera barreras injustificadas que afectan los derechos del actor al trabajo y a ejercer libremente su profesión”.
La Sala también constató que el venezolano se encuentra domiciliado en Colombia y tiene la intención de permanecer en el país, por lo que puede llevar a cabo el proceso.
La institución judicial pudo confirmar esto debido a que “primero, ha regularizado su situación migratoria desde su ingreso al territorio nacional, solicitando un PEP junto con su prórroga y, posteriormente, un PPT. Y, segundo, porque homologó sus títulos, se afilió al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se inscribió al Registro Único Tributario y ha insistido en la inscripción y expedición de su tarjeta profesional como contador”.
En este sentido, a la exigencia a la Junta Central de Contadores se suma analizar nuevamente la solicitud de inscripción y expedición de la tarjeta profesional del venezolano y examinar si sus connacionales cumplen con los requisitos para dicho procedimiento.