Semanas después de que las autoridades brasileñas anunciaran una crisis sanitaria y un posible genocidio en las tierras de los indígenas Yanomami en el norte del país, durante el fin de semana pasado, la recién nombrada Ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sônia Guajajara, visitó la zona y declaró: «Ya no es posible que 30.000 indígenas Yanomami vivan con 20.000 mineros del oro en su territorio».
Tras su declaración, los primeros reportes indicaron que más de 300 mineros habían huido del territorio, temiendo consecuencias legales. Pero durante cuatro años, bajo el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, los mineros tuvieron vía libre para hacer con la tierra (y con las personas que viven en ella) lo que quisieran.
El resultado fue espantoso. Más de 570 niños menores de cinco años murieron de desnutrición y enfermedades evitables durante ese periodo y los ríos del territorio indígena están inundados de mercurio venenoso.
A medida que se dispone de más información sobre la devastación que sufrió el pueblo yanomami en los últimos años, Brazil Reports habló con líderes de derechos indígenas y antropólogos para comprender el impacto de la catástrofe humanitaria, la posible complicidad del gobierno de Bolsonaro y cómo el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva puede ayudar a rectificar la situación.
Para el pueblo Yanomami, años de degradación y abandono
Aunque medios de comunicación y activistas llevaban años informando y denunciando el agravamiento de la crisis humanitaria del pueblo Yanomami, que vive en un territorio aproximadamente dos veces mayor que Suiza, en los estados norteños de Roraima y Amazonas, fronterizos con Venezuela, no fue hasta enero, cuando el presidente Lula declaró la emergencia sanitaria y calificó de genocidio lo que veía en el territorio, que el mundo abrió los ojos ante la gravedad de la situación.
El hambre generalizada, las enfermedades y los casos de violencia han asolado la comunidad durante años.
Los datos del Ministerio de Salud publicados a finales de enero muestran que aproximadamente 36,5% de los niños yanomami menores de cinco años tienen algún grado de insuficiencia ponderal. De los 4.332 niños examinados por el ministerio, 586 tenían un peso muy bajo para su edad y estatura, lo que revela una desnutrición grave. Otros 968 tenían bajo peso.
Para especialistas en el tema, como el doctor en Salud Pública Paulo Cesar Basta, los datos de desnutrición entre los niños yanomami son muy malos y comparables a los de los niños del África subsahariana.
El mercurio, una sustancia química tóxica que ayuda a los mineros del oro a separar el valioso mineral de la tierra y la roca, está envenenando los ríos donde pescan 378 comunidades yanomami diferentes.
Al consumir el pescado de estas aguas contaminadas, o incluso nadar en ellas, el pueblo Yanomami puede desarrollar una serie de alteraciones en el sistema nervioso que causan problemas motores y cognitivos, pérdida de visión y audición, enfermedades cardíacas e incluso cáncer.
«Están contaminando los ríos con mercurio y, en consecuencia, el pescado, que es uno de los alimentos básicos de la dieta yanomami», declaró a Brazil Reports Priscilla Oliveira, investigadora de Survival International, un grupo de derechos humanos con sede en Londres.
Dijo que además de envenenar los ríos, los mineros también traen consigo «malaria, covid-19 y otras enfermedades» que pueden ser gravemente perjudiciales para la vulnerable población indígena.
Enfermedades prevenibles como la malaria se han extendido rápidamente en la región. Los datos del Ministerio de Salud muestran que en 2022 Brasil registró 123.151 casos totales de malaria en todo el país, de los cuales 10% se registraron en el territorio indígena yanomami.
Enfermedades infecciosas como la gripe, la neumonía y el covid-19, también afectaron a la población.
Según el Ministerio de Salud, 30% de los niños yanomami menores de cinco años que murieron en 2022 lo hicieron a causa de la neumonía. Otras enfermedades respiratorias, como el covid-19, causaron cinco muertes.
Además de las enfermedades y el hambre, el pueblo Yanomami también sufrió actos de violencia llevados a cabo por mineros y simpatizantes de sus intereses.
«Hay casos de violencia contra las mujeres, como violaciones, casos de violencia contra los niños y, por si fuera poco, también atacan los centros de salud [que atienden a la comunidad]», dijo Oliveira.
En diciembre, una unidad de salud yanomami situada en la región de Homoxi fue destruida por un incendio. Según la comunidad indígena, la acción fue provocada por mineros del oro en respuesta a una operación policial llevada a cabo contra la minería ilegal de oro en el territorio.
El pasado mes de abril, una niña de 12 años de la comunidad de Aracaçá, en el norte del territorio Yanomami, fue secuestrada por buscadores de oro armados y violada repetidamente. La noticia de su muerte conmocionó al país y aún no se ha resuelto su asesinato.
Los abogados están presionando a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue a políticos, empresarios y fuerzas de seguridad brasileños por crímenes contra la humanidad relacionados con los ataques sistemáticos a defensores de la tierra.
Enock Taurepang es líder indígena y coordinador del Consejo Indígena de Roraima, estado habitado por el pueblo yanomami. Lleva mucho tiempo alzando la voz para denunciar las atrocidades cometidas contra las comunidades indígenas en Brasil, pero teme que, tarde o temprano, su voz pueda ser silenciada como la de los otros 342 defensores de la tierra que fueron asesinados en Brasil entre 2011 y 2021.
«Hacemos esta denuncia porque queremos que pare, pero hay un precio por nuestras cabezas», dijo Taurepang a Brazil Reports. «¿Cómo vamos a sobrevivir dentro de una hora? No hay nadie que nos defienda, no hay nadie que nos proteja».
El papel del gobierno de Bolsonaro en la crisis humanitaria
Los buscadores de oro pusieron sus ojos por primera vez en las 9.664.975 hectáreas de tierra indígena yanomami (la mayor reserva indígena de Brasil) en la década de 1970, después de que un estudio geológico del gobierno brasileño indicara el potencial de riqueza mineral de la región, incluido el uranio y el oro.
Según Rogério do Pateo, profesor de antropología y arqueología de la Universidad Federal de Minas Gerais, la noticia de la riqueza mineral se extendió rápidamente y, en 1975, buscadores de oro de todo Brasil empezaron a invadir la zona.
Con los años, la región empezó a mostrar signos de degradación. Los ríos se contaminaron con mercurio y los mineros introdujeron enfermedades que azotaron a las comunidades indígenas.
En 1977, un brote de sarampión mató a 68 indígenas. Más tarde, en 1985, un brote de tuberculosis volvió a amenazar a la población. No fue hasta 1992, cuando el gobierno brasileño empezó a demarcar las tierras yanomami, que la calidad de vida y la seguridad del pueblo yanomami empezaron a mejorar, dijo Pateo a Brazil Reports (la demarcación es el proceso de identificar, registrar y trazar límites físicos para proteger las tierras indígenas).
«No se puede decir que no quedaran prospectores, pero eran grupos pequeños porque incluso había, además de los mecanismos de mando y control, un mensaje de que eso no se toleraría», dijo Pateo.
Todo eso cambió, sin embargo, cuando Bolsonaro asumió la presidencia en 2019.
«Cuando llega el gobierno de Bolsonaro, el mensaje es: ‘Vamos a abrir la tierra yanomami para la minería'», dijo Pateo.
Según el profesor, Bolsonaro estuvo durante mucho tiempo del lado de los mineros, e incluso redactó un proyecto de ley como diputado en la Cámara de Diputados en 1992 que habría revocado la demarcación de tierras Yanomami.
«Es un portavoz de estos mineros ilegales que llevan invadiendo tierras indígenas desde siempre», dijo Pateo.
«El minero del oro es un ser humano como cualquier otro, es un trabajador. Mi padre buscó oro durante mucho tiempo. Yo adquirí esa costumbre de mi padre, siempre llevé una batea», dijo Bolsonaro días después de ser elegido.
Como presidente, Bolsonaro encabezó una serie de políticas que afectaron negativamente al medio ambiente y a los pueblos indígenas, como la eliminación de la Fundación Nacional del Indio (Funai), la agencia federal encargada de proteger a los pueblos indígenas y demarcar sus tierras.
Recortó drásticamente la financiación para medidas de protección medioambiental, una medida que le condenó al ostracismo ante la comunidad internacional, y despidió sumariamente a los protectores de los derechos indígenas y el medio ambiente en organismos como la Funai y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA).
Bajo su mandato, entre 2019 y 2021, se destruyó en la selva amazónica brasileña una superficie del tamaño del país de Bélgica.
«Antes de su elección, su mensaje era que iba a golpear a Funai con una hoz«, dijo Taurepang, líder indígena de Roraima: «Todos los organismos que trabajaban con los pueblos indígenas, para defender a los pueblos indígenas y cuidar de los pueblos indígenas fueron desechados. Lo que hizo fue un genocidio».
En 2020, el gobierno de Bolsonaro presentó un proyecto de ley en el Congreso que permitiría la minería en tierras indígenas. El proyecto de ley tuvo muchos contratiempos y nunca fue aprobado durante el mandato de Bolsonaro.
Según el profesor Pateo, la estrategia de Bolsonaro cambió de rumbo después de los reveses legislativos.
«Si no puedes actuar en el sentido de realizar legalmente la exploración minera, ¿qué haces? Destruyes y desmantelas los mecanismos de control y envías un mensaje a todos diciendo que pueden entrar allí porque nadie será arrestado, nadie será castigado, no hay multas», dijo Pateo.
En enero, cinco organizaciones civiles denunciaron a Bolsonaro por genocidio ante la Corte Penal Internacional (CPI), pidiendo al tribunal que abriera una investigación penal contra el presidente por no brindar protección al pueblo yanomami.
«Yo no llamaría a esto una omisión, lo llamaría una estrategia consciente del Gobierno de Bolsonaro para promover este genocidio contra el pueblo indígena yanomami», dijo Oliveira, de Survival International.
En agosto de 2022, Carol Castro, de The Intercept Brasil, publicó un informe que revelaba que el Gobierno de Bolsonaro había ignorado 21 peticiones de ayuda del pueblo Yanomami durante un periodo de dos años a partir de 2020.
Los mensajes, que contenían detalles sobre ataques a la comunidad por parte de mineros, fueron remitidos a la Policía Federal, al ejército y a la Funai. No hubo respuesta.
«El gobierno sabía perfectamente lo que estaba pasando, cuál era el escenario y hacia dónde se dirigía, y no hizo nada», dijo Oliveira.
Hablando desde Florida, donde se encuentra desde el 30 de diciembre, Bolsonaro restó importancia a la crisis sanitaria de los yanomami, calificándola de «farsa de la izquierda«.
Dijo que su gobierno llevó a cabo 20 iniciativas sanitarias en territorios indígenas entre 2020 y 2022, pero no especificó dónde tuvieron lugar esas acciones.
Oportunidad para Lula de rectificar la situación de los Yanomami
En enero, el presidente Lula y miembros de su gobierno visitaron el territorio Yanomami y declararon el estado de emergencia.
El Ministerio de Salud estableció un Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública temporal en la zona para ayudar a resolver los problemas más acuciantes.
Además, se han entregado más de 30 toneladas de alimentos a las comunidades yanomami, y la Fuerza Aérea de Brasil ha trasladado a unos 1.000 pacientes en estado crítico a hospitales de Boa Vista, la capital de Roraima.
El sábado pasado, la ministra de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, regresó a Roraima para observar las operaciones de emergencia en curso, incluidos los esfuerzos del gobierno para expulsar a los mineros ilegales de la región. Según los informes, al menos 300 invasores de tierras ya han huido de las tierras yanomami.
«Para que podamos salir de esta situación de emergencia sanitaria, es necesario combatir la causa de raíz, que es la minería ilegal», dijo el ministro Guajajara en una rueda de prensa. «Ya no es posible que 30.000 indígenas yanomami convivan con 20.000 mineros de oro dentro de su territorio, trayendo esta consecuencia de contaminación del agua. Por eso, el gobierno federal, de forma articulada e interministerial, ya está organizando acciones para la retirada de los mineros de oro.»
Para Oliveira, retirar a los buscadores es sólo una parte de la ecuación. Evitar que vuelvan es la otra.
Según ella, el gobierno de Brasil debe ocupar la tierra y proporcionar servicios básicos, como asistencia sanitaria, a las comunidades, para mantener a los mineros ilegales fuera de la región.
«La retirada debe ir acompañada del envío de equipos médicos y luego, hablando a largo plazo, tiene que haber la instalación de unidades básicas de salud en las comunidades y la construcción de bases de seguridad para proteger permanentemente la tierra», dijo.
Y para el líder indígena Taurepang, la reciente creación por parte de Lula de un Ministerio de Pueblos Indígenas es una buena señal de la dedicación del gobierno a su protección en el futuro.
«Lula ya ha empezado a eliminar a todos los que apoyaron esto, que encubrieron los crímenes y empezaron a colocar a hermanos indígenas [en puestos estratégicos]», afirmó Taurepang. «El propio Ministerio de Pueblos Indígenas está dirigido por nuestra hermana Sônia Guajajara. Los parientes saben cuidar de los parientes. Necesitamos una persona humana, que sea capaz de ver nuestro dolor y buscar acabar con este dolor, acabar con el genocidio que está ocurriendo en nuestros territorios», agregó.
Por Thiago Alves en BrazilReports