No me refiero a un encuentro futbolístico, sino a la reciente liberación del australiano Julian Assange que ha reavivado el debate sobre la justicia y la equidad en el sistema judicial internacional, especialmente cuando se contrasta con la situación de los presos políticos en Venezuela. Este contraste, marcado por la disparidad en el tratamiento judicial y político, plantea serias interrogantes sobre los principios universales de justicia y derechos humanos.
Julian Assange, conocido por su papel en WikiLeaks, fue acusado por Estados Unidos de espionaje y otros cargos relacionados, que podrían haber resultado en una larga condena de prisión. Sin embargo, recientemente fue liberado tras un fallo judicial en el Reino Unido, argumentando preocupaciones sobre su salud mental y las condiciones inhumanas de detención, aunque en los medios se observó a un hombre saludable y bien cuidado que me hizo recordar el caso de Leopoldo López. También, es oportuno señalar que esta decisión ha sido celebrada por sus familiares, amigos y muchos defensores de la libertad de prensa y los derechos humanos, quienes ven en Assange un símbolo de la transparencia y la lucha contra el secretismo gubernamental, visión que puedo cuestionar, pero también respetar.
Por otro lado, en Venezuela, cientos de presos políticos continúan encarcelados bajo condiciones también denunciadas como inhumanas, arbitrarias y sin facultad para defenderse -derecho que si tuvo Assange-. Estos ciudadanos, en su mayoría detenidos por disentir contra el gobierno de Maduro, a través de protestas pacíficas, tomar una foto, enviar un mensaje por WhatsApp, pertenecer a un movimiento político, denunciar casos de corrupción e incluso por defender a los privados de libertad, enfrentan cargos percibidos como politizados, injustos y desproporcionados negativamente, en lo que al derecho a la justicia se refiere. A diferencia de Assange, cuyo caso atrajo atención mundial y movilizó recursos significativos en su defensa, la mayoría de estos presos políticos venezolanos han recibido una lenta y limitada atención por parte de la justicia internacional y los gobiernos extranjeros, aun cuando se han logrado algunas liberaciones selectivas, los hechos demuestran que son más numerosos los casos de los detenidos.
La pregunta es: ¿por qué un individuo acusado de amenazar la seguridad nacional de una potencia mundial puede asegurar su libertad, mientras que aquellos encarcelados por ejercer sus derechos civiles y políticos enfrentan largas detenciones sin una resolución clara de sus casos? Este contraste no solo revela una disparidad en la aplicación de la justicia a nivel global, sino también una inconsistencia preocupante en los estándares de derechos humanos que se aplican dependiendo del contexto e intereses geopolíticos.
Además, los encarcelamientos en medio de un proceso electoral, como se ha visto en Venezuela, plantean serias dudas sobre el cumplimiento de los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Barbados, que buscaba facilitar una salida política y una reconciliación nacional y por los acontecimientos observados, a un mes de las votaciones presidenciales, se puede afirmar que no ha sido ni exitoso ni vinculante. Este incumplimiento, revela las deficiencias en los esfuerzos diplomáticos y de los defensores de derechos políticos y humanos para garantizar la liberación de civiles.
Es conveniente reflexionar sobre los buenos oficios de la diplomacia internacional, aunque valiosos, parecen haber enfrentado obstáculos significativos para asegurar la liberación de presos políticos en Venezuela. Esto puede atribuirse a varios factores, incluyendo la falta de presión internacional unificada en el territorio -más que en los medios-, los intereses políticos divergentes de los actores globales y nacionales, así como también a la estrecha unificación y colaboración de los poderes públicos de Venezuela con su actual gobierno.
Ciertamente, el primer ministro australiano Anthony Albanese, logró la liberación de este controvertido personaje a través de una estrategia diplomática meticulosa y sin confrontaciones públicas, demostrando que la persistencia y la negociación inteligente pueden rendir frutos a favor de los acusados (aunque sea por espionaje contra una potencia mundial).
Sin lugar a dudas, este caso plantea preguntas incómodas sobre la consistencia y efectividad del sistema judicial internacional, especialmente en contextos de acusaciones más graves como los delitos de lesa humanidad y actividades ilícitas a gran escala, dando pie para señalar que la justicia internacional puede ser extremadamente ineficaz y tolerante cuando se trata de fichas geopolíticas acusadas o involucradas en actividades consideradas al margen de la justicia y la ley, como por ejemplo, los innumerables escándalos que protagoniza Venezuela.
En conclusión, la liberación de Julian Assange, la situación de los presos políticos y el rol geopolítico de Venezuela, son dos caras de una misma moneda en el panorama global: la política selectiva de la libertad y la amnistía futura para funcionarios en el ejercicio del poder subraya la necesidad urgente de un enfoque más coherente, consensuado y equitativo para abordar las violaciones de derechos humanos, independientemente del perfil o la relevancia geopolítica de los actores involucrados. Solo así se podría avanzar hacia un sistema judicial internacional verdaderamente más equitativo y reivindicativo para la humanidad.
X: @lidismendez369