Por José Ignacio Moreno León*
El deterioro de la democracia y la confrontación entre democracia y totalitarismo son en la actualidad temas de frecuente discusión en el ámbito de los análisis políticos y sociales, especialmente en el contexto latinoamericano.
Son varias las causas que se señalan como las más directamente vinculadas a la disminución del valor de la democracia como sistema político, capaz de proteger los derechos individuales y convertir las aspiraciones populares en políticas públicas que satisfagan esas demandas. El notable resquebrajamiento que en las últimas tres décadas se aprecia de los sistemas de partidos y del liderazgo político, la ineficiencia de la gobernanza democrática para satisfacer las aspiraciones de la sociedad, el incremento del manejo poco ético de la gestión pública reflejado en escandalosos casos de corrupción, el surgimiento de la demagogia populista y la incapacidad del sistema para responder oportunamente a las amenazas y demandas planteadas por las nuevas realidades globales, lucen como las causas fundamentales que están afectando el desempeño de la democracia y por ende erosionando el apoyo popular a esta forma de preservar la libertad y de hacer política y gestionar el gobierno.
Frente a la referida crisis de la democracia se han fortalecido tendencias autoritarias y totalitarias que obligan a interpretar el presente al margen de los obsoletos paradigmas de la Guerra Fría, por lo que ya no podemos referirnos a las viejas etiquetas ideológicas de derecha e izquierda.
Ahora se impone una postura de legítima defensa de la democracia frente a las amenazas de corrientes populistas y dictatoriales que, a pesar de sus fracasos, están resurgiendo en la región, y que conjuntamente con la insurgencia del globalismo y el progresismo buscan la destrucción de la libertad para imponer su visión totalitaria en lo político y en lo económico, con postulados y principios destructores de la democracia y del Estado Nación que chocan con los valores constitutivos de la civilización occidental.
Se requiere entonces avanzar hacia una genuina democracia en la que la libertad y los principios democráticos se conviertan, con la educación,en la norma de conducta ciudadana y por ende de la sociedad civil, cuyo accionar es fundamental para combatir todo aquello que pueda socavar la institucionalidad democrática. Pero para lograr ese objetivo de defensa de la democracia frente a las amenazas internas y globales es fundamental promover los valores morales y principios éticos como valiosos activos del conglomerado social. Es decir, solo en una sociedad con elevados niveles éticos y de educación ciudadana y patriotismo -que se reflejan en sólidas manisfestaciones de honestidad y capital social-, es posible asegurar la fortaleza de la democracia como sistema político fundamentado en la libertad y capaz de garantizar, los derechos ciudadanos, tanto en el orden político, como en el ámbito civil, en un entorno de economía social de mercado.
Edgar Morín en su propuesta de los siete saberes básicos para la educación del futuro, al referirse a la promoción de la ética del género humano aclara que no se trata solo de una ética individual, sino del propio grupo al que se pertenece para que se comporte en forma moral en el contacto con otros, es decir una ética valida para todo el género humana, similar a los derechos humanos, pero en término de obligaciones humanas. Se requiere entonces la visión de una educación que enseñe aprender a vivir y que debe desempeñar un papel protagónico en el fortalecimiento y defensa de la democracia, lo que implica superar las deficiencias pedagógicas de todo el sistema educativo para impulsar los aspectos ético políticos en todos los niveles del mismo, desde el preescolar como en la formación profesional, promoviendo una moral laica y una reflexión ética sobre los derechos y deberes que comprenden la formación cívica como baluarte fundamental frente a las amenazas populistas y las tentaciones autoritarias.
En la educación superior y universitaria es necesario romper con la concentración en solo objetivos utilitarios o mercantilistas y de formación profesional para acentuar un modelo de pedagogía de educación en valores, como compromiso de instituciones educativas socialmente responsables para formar profesionales integrales, solidarios, con conciencia social y ecológica y que como genuinos demócratas ejerzan comprometidos con el bienestar colectivo.
Pero la promoción de los valores morales y éticos para fortalecer la cultura democrática en un Estado de derechos y deberes con elevados activos de capital social, no puede ser solo objetivo fundamental del sistema educativo formal, debe involucrar a toda la sociedad organizada, a los medios de comunicación, instituciones culturales, sindicatos y gremios, las organizaciones religiosas, y especialmente el núcleo familiar como célula fundamental de la sociedad.
Finalmente, conviene señalar que desde los tiempos de Platón hasta Cicerón y desde Maquiavelo hasta Rousseau siempre estuvo planteada la necesidad de educar a los ciudadanos y de inculcar las virtudes políticas en los jóvenes. Recordar además que cuando se produjo el colapso de la primera democracia que registra la historia, surgida en el siglo V a. C. en la ciudad-estado de Atenas, Jenofontes, discípulo de Sócrates, filósofo, historiador y cronista de su tiempo, al referirse a las causas de esa debacle las explicó con una sentencia histórica por su valor contemporáneo, indicando que esa institución-que duró casi dos siglos- fracasó por que quienes tenían el poder no eran los mejores y más instruidos sino los más estúpidos e ignorantes.
* Fundador del Seniat, exministro de Energía y Minas, exministro de Hacienda, exembajador en Canadá, exrector de la Universidad Metropolitana