El marco legal de las inversiones

La recuperación económica de Venezuela y la inversión internacional trascienden la política y los dogmatismos ideológicos. Sin unas reglas claras y confiables, el mercado venezolano no será atractivo, más allá de las verdaderas potencialidades del país.

Para estimular las inversiones se necesita un marco legal apropiado que permita mejorar los índices de valoración de nuestro país. Existe un grupo de índices como Doing Business (Banco Mundial), Libertad Económica (Heritage Foundation) y Rule of Law (Estado de Derecho) del World Justice Project. En estos indicadores estamos en los puestos más bajos de la clasificación. En este sentido, resulta conveniente ampliar la red de tratados bilaterales de inversión, tratados de doble tributación y volver al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). De esta manera, Venezuela podría ser un mercado atractivo para inversionistas con alta tolerancia al riesgo, como Mark Mobius.

Para confeccionar un marco legal apropiado -que sirva de acicate para las inversiones- hay que deslastrarse de los sectarismos y de las solidaridades ideológicas. No se puede llamar a los inversionistas y, al mismo tiempo, ofrecer un Estado comunal. No ayuda respaldar el Plan Legislativo Nacional del año 2021 con una lista de 35 leyes, algunas de ellas contradictorias entre sí. En este sentido, se ofrece una reforma del Código de Comercio porque el vigente fue “elaborado por las oligarquías del momento”. Tampoco se puede ofrecer un código de procedimiento civil que incorpore, como parte del proceso, a las comunas a través de los “amigos comunitarios del tribunal”, y así acabar con la tradición germano-romana en materia procesal.

Lo importante es una ley marco que promueva y proteja la inversión nacional e internacional. Este texto debe dejar sin efecto cualquier norma legal (o sublegal) que la contradiga. Esta ley perdería eficacia al ser acompañada por otras leyes que promuevan el Estado comunal, como la Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional, por ejemplo.

Podría argüirse que se está tomando el modelo de Vietnam en lo que atañe a las libertades económicas combinadas con un experimento comunal. De esta manera, se intentará someter a toda la sociedad a una ideología impuesta desde el poder y a una hegemonía política autoritaria. Pero Venezuela, a diferencia de Vietnam, no prevé el Estado comunal en su Constitución. En todo caso, nuestro país tiene las potencialidades que deben ser apuntaladas con leyes claras y con prácticas administrativas eficaces y expeditas.

Por otra parte, se requiere que se cumpla con la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, en vista de la enorme carga burocrática que se ha desarrollado en los últimos veinte años. Y aquí vale la pena señalar algunas situaciones kafkianas. En los registros y notarías no se permite utilizar el dólar estadounidense como moneda de pago en las operaciones de compraventa de muebles e inmuebles, a pesar de que el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela no lo prohíbe.

El pago en moneda extranjera, además, fue admitido por la sentencia número 987 de la Sala de Casación Civil del 16.12.2016. Y esto es así cuando el cumplimiento de la obligación se acuerda “de manera exclusiva y excluyente” en dólares estadounidenses. No hay razón, entonces, para que los registradores no lo permitan. Esto marcha de espaldas a la dolarización de hecho que existe en el país.

Todas las normas del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) que – basadas en criterio burocráticos significan trabas en las operaciones comerciales lícitas- deben ser prohibidas. De seguir así, Venezuela se convertirá en una república notarial, donde cada registrador o notario tendrá más poder que un ministro.

Uno de los primeros pasos para reconstrucción del país es acabar con los controles y permisos no previstos en la ley a los que son sometidos los productores y exportadores venezolanos. Producir y exportar en Venezuela debe dejar de ser una faena heroica. Los trámites administrativos se deben automatizar por medio de una taquilla única como ocurre en Costa Rica, Canadá o Singapur. (En algunas áreas hemos mejorado, como atañe a la posibilidad de apostillar documentos en línea).

En un excelente artículo en esta página de El Nacional (2.2.2021), Rodrigo Naranjo Escovar explicó, con datos fácticos, las razones por la cuales estamos ante un renacer de las inversiones extranjeras en Venezuela (“Renace la inversión extranjera en Venezuela”). Este ensayo periodístico produjo una serie de videoconferencias y entrevistas por el interés que despertó su análisis. Pese a la crisis en que vivimos, hay algunos datos que demuestran que Venezuela sí se puede convertir en un foro atractivo para los inversionistas, como ocurrió en los casos de Cargill y de Simple TV, por ejemplo. Aquí vale la pena recordar las palabras del exitoso inversionista y comentarista Jim Rogers: “Los inversionistas inteligentes saben cazar en aquellos sectores que han sido golpeados o están en situaciones especiales que podrían proporcionar una excelente rentabilidad.

En este contexto, no se puede olvidar la situación del Poder Judicial, en el cual la figura del juez independiente es inexistente. Sin un sistema judicial confiable no habrá tampoco inversiones de largo aliento. La estabilidad de los jueces, las remuneraciones de los funcionarios judiciales, la digitalización, la reforma legal que recoja la opinión de todos, sin exclusiones ni sectarismos son elementos fundamentales para lograrlo.

Poco o nada se podrá lograr si junto a la invitación a los inversionistas se ofrece -hay que insistir- el desarrollo de un Estado comunal. Esto va a contrapelo de la Constitución que declara que Venezuela es un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” (artículo 2), y que la “República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado”. Por ninguna parte aparece la figura del Estado comunal. Por si fuera poco, la propuesta del Estado comunal fue sometida a referéndum en el año 2007 y fue repudiada por el pueblo. Por consiguiente, las leyes que estipulan las comunas son inconstitucionales e impopulares.

Pretender mezclar una economía libre y atractiva para los inversionistas con un Estado comunal será un nuevo fracaso en materia económica de la revolución bolivariana. Lo importante para una nación es saber lo que quiere ser y adónde desea ir. Para ello debe identificar los objetivos y trazar su camino. Esto supone una limpieza general de los dogmas ideológicos con el objetivo de poder definir aquello que se debe hacer para garantizar el destino nacional.