Dice la Real Academia Española, RAE, que obstruir significa impedir el paso por un sitio. También impedir una acción. La mal llamada revolución bolivariana milita en el obstruccionismo del siglo XXI.
No se trata de un aporte al comportamiento histórico de regímenes de similar catadura pero sí que es cierto que Maduro y su combo se aplican con obstinación para impedir el paso en territorios de los que se adueñaron a punta de bayoneta aún en tiempos de paz o impedir toda acción que ponga al descubierto la verdad desnuda y dolorosa de sus crímenes.
Esto último es lo que ocurre con la investigación que la Corte Penal Internacional (CPI) sigue sobre nuestro país por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, identificada como Venezuela I.
El proceso se inició en 2018 cuando la anterior fiscal de la CPI, la abogada gambiana Fatou Bensouda, anunció que iniciaría un examen preliminar de lo que ocurría en el país a partir de los hechos cometidos en 2017 que supusieron el uso excesivo de la fuerza para contener manifestaciones, lo que incluyó detenciones arbitrarias y torturas.
Más adelante, la fiscal recibió una petición de seis Estados americanos (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) para que se iniciara formalmente la investigación pero sobre un período más amplio, desde febrero de 2014.
Cuando Bensouda anunció en junio de 2020 que estaba lista para pasar a la fase de investigación tras el examen preliminar, el régimen de Maduro introdujo un recurso que impidió a la fiscal tomar la decisión durante lo que restaba de su gestión y se postergó por un año el inicio de la investigación que, finalmente, adoptó el actual fiscal, el británico Karim Khan.
El 3 de noviembre de 2021 Khan anunció no solo la apertura de la investigación sino que había alcanzado un acuerdo con el gobierno de Maduro para facilitar verdaderas investigaciones penales en Venezuela. Poco después, el régimen, fiel a su naturaleza, movió ficha otra vez y pidió al fiscal detener el proceso porque ya ellos se estaban encargando del asunto. ¡Vaya garantía!
No convencieron a Khan de sus «loables» intenciones, pero lograron paralizar el caso hasta que los jueces de la Corte decidieran si autorizaban al fiscal a reanudar la investigación.
El 27 de junio pasado la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI le dio luz verde a Khan pero Maduro y sus agentes apelaron y, a la vez, pidieron una prórroga hasta el 14 de agosto próximo para considerar y presentar su apelación, que le fue concedida.
Lo que el régimen le niega de manera reiterada a sus numerosas víctimas en el país es lo que exige a una justicia que sabe que cumple de manera escrupulosa cada paso del proceso. Es el guion que el canciller de Venezuela, Yván Gil, advirtió: “Haremos uso de todas las acciones disponibles”.
Lo que olvida Gil y el régimen es que el Estatuto de Roma, que dio vida a la CPI y que Venezuela suscribió, obliga a los Estados miembros a contribuir con los fines de la justicia. Más de 8.900 víctimas, que presentaron sus casos ante la CPI y solicitaron que sea la Fiscalía de Khan la que determine qué fue lo que pasó en Venezuela, desconfían de la justicia bolivariana porque está anulada, subordinada y conquistada por el régimen. Gil y su jefe lo saben, por eso practican el obstruccionismo.