La convicción de que en la campaña electoral de Gustavo Petro fueron cometidas irregularidades de mucha envergadura ha motivado a algunos entendidos en la materia a dar pasos en el sentido de intentar provocar la defenestración formal del actual presidente colombiano. Así es como lo que parecía ser un curso inédito e impensable hace unos , hoy por hoy, se comenta crecientemente en los corrillos políticos, al tiempo que se siguen aireando ante la opinión pública hechos cuestionables relacionados a los montos involucrados a la financiación de la campaña presidencial de 2022.
Las acusaciones han sido tan sonoras que ello motivó a dos magistrados a efectuar ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia una imputación y una formulación de cargos en contra de Gustavo Petro y Ricardo Roa, el gerente de su campaña electoral.
El Consejo Nacional Electoral es responsable y competente para investigar la candidatura de Gustavo Petro, tal como lo acaba de establecer taxativamente el 20 de mayo pasado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional también respalda este fallo. En ese dictamen el Consejo se establece con claridad que “la transparencia en el uso de los recursos de campaña es esencial para garantizar la equidad y legitimidad del proceso democrático”.
Así pues, el CNE está facultado tanto para realizar investigaciones como para imponer sanciones si, durante la indagatoria emprendida, se detectan irregularidades como las de haber excedido los límites financieros establecidos por la normativa electoral. Estas penalizaciones pueden ser multas pecuniarias e incluso la pérdida de la personalidad jurídica del partido involucrado que resulta ser el Pacto Histórico, ente político que prestó su apoyo a la candidatura del mandatario actual. El CNE no puede ir más lejos que eso, pero otras instancias sí.
Basados en ello algunos expertos han hecho circular la especie de que pudieran perder sus cargos quienes hayan violado los topes o hayan recurrido a fuentes ilícitas en la financiación de sus campañas políticas, ya que, efecto, el artículo 109 de la Constitución colombiana sanciona con la pérdida del cargo a quien viole los topes de las campañas o acudan a financiación prohibida.
Algunos elementos y formalidades son necesarios, no obstante, para que Gustavo Petro se encuentre en ese supuesto. El CNE debe iniciar una investigación formal, debe formular cargos en su contra de su campaña en el año 2022, debe comprobar los hechos irregulares que se le imputan y, por último, el Congreso de la República debe decretar la pérdida de la investidura.
Es decir, antes de que los desaguisados electorales que ha protagonizado el actual presidente puedan pasarle una factura definitiva, hace falta bastante más que escándalos en la prensa y ante la opinión pública que alimenta su oposición. La investigación del CNE, que aún se encuentra en una fase administrativa inicial debe ser concluida y determinades las responsabilidades formales. Solo entonces el proceso podría seguir un curso en el Congreso para lo que es preciso iniciar un juicio de pérdida de investidura y tal cosa como esa dependerá de un conjunto de imponderables como será la alineación y el compromiso de cada una de las fuerzas políticas y de una cantidad de tiempo imposible de determinar.
Así pues, al contrario de lo que muchos sostienen, no puede afirmarse en este punto, que la presidencia de Gustavo Petro se muestre imbuida de fragilidad por este respecto, ni siquiera que sea esta la vía la que le hará pagar sus muchas faltas e irregularidades.