El tema es noticia de primera página en buena cantidad de medios de comunicación de la Unión Europea. La Comisión -el órgano de gobierno de la Europa de los 27- ha decidido mantener las sanciones impuestas a personeros del entorno gubernamental venezolano que habían sido decididas impuestas en el año 2017. Las sanciones de la UE contra Venezuela fueron implementadas ante el «deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos».
Para que las medidas restrictivas hayan sido extendidas es bueno tener presente que los gobiernos representados en la Comisión del órgano que integra a los países del viejo continente están convencidos de que no han cesado las razones para imponerlas. Es decir, ni la democracia es lo que impera en Venezuela, ni el Estado de derecho es respetado y los derechos humanos siguen siendo objeto de flagrantes violaciones en nuestra tierra.
El malestar en los predios de Miraflores es grande porque, al contrario de las sanciones norteamericanas que versan sobre las operaciones comerciales internacionales del país, las europeas están dirigidas a sancionar la actuación de un conjunto importante de actores del gobierno y las fuerzas militares venezolanas que se consideran por encima del bien y del mal. Las sanciones lo que hacen es impedir que 54 ciudadanos del entorno del gobierno obtengan visas de los países de la Unión además de que prevén el congelamiento de activos que estos pudieran tener dentro de la geografía europea. También contemplan un embargo de armas y equipos de represión, pero no son estas últimas restricciones las que le quitan el sueño a los jerarcas revolucionarios.
Ello nos lleva a reflexionar que las naciones europeas, a pesar de que otros eventos internacionales ocupan hoy la escena global con temas de mucha envergadura – como las guerras y las crisis económicas que enfrenta el mundo- ellas siguen con detenimiento aquellos asuntos que afectan la libertad de los ciudadanos y el imperio de las leyes. Este hecho nos evidencia que están tan involucrados como los norteamericanos en el cumplimiento de los Acuerdos de Barbados que constituyen un compromiso para la recuperación de la democracia en Venezuela y la celebración de elecciones libres y verificables en un año de tiempo. Se trata de una convicción que anida en el seno de países que valoran la justicia y la libertad.
Los europeos no son de los creen en cuentos de sirena y siguen de cerca, mucho más de lo que imaginamos, los desatinos y crímenes del madurismo. España, uno de los países más cercanos cultural y económicamente al continente latinoamericano, pero cuyo gobierno mantiene una complicidad encubierta con los destrozos de la revolución venezolana, había adelantado opinión hace unas semanas, cuando su canciller tomó la iniciativa de instar a las autoridades comunitarias a levantar las sanciones. El resto de sus colegas en los otros países europeos pensaron con sensatez al considerar que lo propio es que los acuerdos ya suscritos por el régimen de Maduro sean cumplidos en toda su extensión antes de pensar en un alivio de las limitaciones impuestas desde hace 6 años.
Tampoco se les pasa por alto a las autoridades de los 27, otros eventos que evidencian que es preciso tomar distancia de regímenes envueltos en actividades como las que acaba de poner de relieve un trabajo de investigación del Miami Herald, el portal venezolano Armando Info y el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) . La publicación ha evidenciado la manera en la que el régimen venezolano continúa con actividades vinculadas al narcotráfico de las cuales sacan proventos para financiar sus fechorías.