El régimen se ha empeñado en someter y controlar el proceso electoral. Un fraude continuado que se viene desarrollando desde siempre y que esperan sellar el 28 de julio, acomodando las cifras a su manera, desconociendo la voluntad popular que se ha mostrado alrededor de la líder de la oposición María Corina Machado y del candidato de la Unidad, Edmundo González Urrutia.
La exigencia de una elección transparente y justa que exprese la voluntad de los venezolanos ha sido apoyada por la comunidad internacional y por todos los sectores democráticos del país. No se trata de una exigencia caprichosa, tampoco de una concesión graciosa del régimen, si no de la aplicación de la Constitución Nacional y el derecho que tenemos los venezolanos de elegir libremente y sin coacción alguna, al presidente de la República y a las autoridades nacionales.
El régimen ha mantenido una posición contradictoria en relación con la observación electoral, nacional e internacional, aunque ha estado claro en que las normas que ha adoptado el ente electoral, absolutamente dependiente del Ejecutivo, solo buscan ocultar el proceso para poder manipularlo y lograr los resultados que les garanticen seguir usurpando el poder.
Ha invitado al Centro Carter que anunció que enviaría una “misión de observación”, también a las Naciones Unidas que no ha hecho ningún anuncio al respecto, negando pese a lo acordado en Barbados, la presencia de la Unión Europea “mientras se mantengan las sanciones” que a su juicio son ilegales.
Para algunos países “amigos del régimen” es importante que se amplíe la presencia de observadores internacionales” de conformidad con los acuerdos firmados en Barbados, a lo que hace caso omiso el régimen madurista. Para el canciller de Brasil, que no enviará una misión a Venezuela como tampoco Colombia, es necesario que todos acepten su legitimidad y “de allí la importancia de observadores internacionales”.
La observación electoral, nacional e internacional, está hoy limitada tras la adopción en 2010 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en cuyos artículos 481 a 484, especialmente, se restringe y controla la presencia de los observadores y acompañantes internacionales.
Esperemos que la presencia de tales observadores y acompañantes no se traduzca en una suerte de turismo electoral que al final acompañe a la comparsa del régimen, cuyas intenciones son bien conocidas.
De manera que la presencia de observadores y acompañantes electorales, sean nacionales o extranjeros, sometidos y controlados por el CNE, no garantiza la supervisión del proceso y de sus resultados.
Para que la observación electoral internacional sea eficaz, sus miembros deben poder ejercer su labor con libertad de reunión, de tránsito, de revisión, de expresión, de acceso a los sistemas siempre evidentemente con el debido respeto y la prudencia que exige tal función. De no ser así, estar bajo la tutela del órgano electoral deja de ser útil y pasa a ser un mecanismo de maquillaje para el proceso. Podríamos estar, en este caso, en una suerte de turismo electoral en el que los “invitados” serían recibidos por sus “anfitriones” como parte del circo.